Por Alex Esquivel M.
No se trata de estar a favor de los manifestantes o del alcalde Carlos Manzo, ni a favor de la libertad de expresión, tanto para periodistas como de manifestantes, para justificar acciones violentas. Tampoco el apoyar a grupos o sectores sociales y con ello buscar beneficios gubernamentales indebidos, sino de convivir sanamente en un marco de derecho vigente y aplicable para todos.
Y es que en la protesta del sábado por la tarde-noche frente a Pemex, por un grupo de ciudadanos, las fuerzas del orden público entraron en acción para restablecer la paz, lo que generó una polémica social de si ello era correcto o los manifestantes estaban en su legítimo derecho, sin que al final de cuentas ello quedara claramente establecido por los actores del evento, ni entendido cabalmente por la sociedad.
Así, es preciso señalar que los manifestantes tenían todo el derecho a expresarse libremente en ese o cualquier otro lugar público. A lo que no tenían derecho, era violentar el derecho de terceros, todos los demás, por cuanto a ejercer su derecho al libre tránsito por ese lugar. Un derecho ciudadano, cualquiera que este sea, no puede limitar y mucho menos violentar otro derecho, especialmente de los demás.
Ahora bien. Hay que entender que dicha manifestación, viciada de inicio por su actitud violenta, lo que la descalificó legal y socialmente, no resolvería, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, el problema de fondo, que era localizar a una persona desaparecida. No ayudó en nada y sí, por el contrario, generó otro problema social de mayor alcance, afectando a más personas.
Y no es que no sea importante localizar a las personas desaparecidas, no. Se trata de hacerlo de manera eficiente y correcta, no violentando el derecho de terceras personas. Así no se puede ser empático con tales causas, por más que valga la vida y la presencia de cualquier persona, pero debemos conducirnos en el marco de la ley, no a costa de los derechos y libertades de terceros.
Dicho lo anterior, cabe destacar que los elementos de seguridad pública, tanto municipales como estatales o federales, sólo hicieron su trabajo, para eso les pagamos, para mantener el orden social. Uruapan, como cualquier otra ciudad, no puede ser rehén de los caprichos y chantajes de ningún tipo. En ese contexto y en total apego al estado de derecho, las autoridades municipal, estatal y federal, sólo actuaron para restaurar el orden social. Nada más.
Uruapan, no se encuentra en su mejor momento, en toda una serie de aspectos. Pero justamente por ello la ciudadanía eligió a Carlos Manzo como alcalde de este municipio, para que resuelva temas sumamente graves como la delincuencia, la violencia, la corrupción y una larga serie de temas fuertes y escabrosos que a todos nos afectan, pero que no se solventan de la noche a la mañana, pero la ciudadanía ya pide resultados de la política de gobierno del nuevo alcalde.
En ese proceso, el incremento salarial a los policías y agentes de tránsito, la compra de nuevas patrullas y grúas, depuración del cuerpo policiaco y la buena intención del alcalde Carlos Manzo, para con la ciudadanía con el tema de la seguridad pública, seguramente darán buenos resultados en poco tiempo, pues lo sucedido este fin de semana hará que el alcalde ponga más atención a esta demanda social y que responda con asertividad y eficiencia, para beneficio de todo Uruapan.
Lo cierto es que, si existe intención de ambas partes por solucionar el problema, éste como cualquier otro, y en la inteligencia de que hablando se entiende la gente, al menos la gente razonable, la propuesta de instalar una mesa de diálogo o simplemente agendar una reunión oficial para limar asperezas y diferencias entre ambas partes, es una idea muy probable que, finalmente y de manera pacífica y asertiva, permita se llegue a un acuerdo para resolver de la mejor manera posible la problemática que nos envuelve, para beneficio de todos, salvo que se presente una mejor propuesta. Al tiempo … !!
