Por Alex Esquivel M.
La muerte de Carlos Manzo dejó a Uruapan en un estado de profunda conmoción, pero también dejó al descubierto algo más incómodo y preocupante: la sensación de que, en medio del duelo y la incertidumbre, ciertas figuras dentro del Ayuntamiento no vieron una tragedia, sino tan sólo una oportunidad. Y entre esos nombres, el que más resuena —y no precisamente por méritos— es el de la síndica municipal, Hilda Flor Maldonado.
Y lo que hoy se discute en Uruapan no es un malentendido administrativo ni una discrepancia política menor. Son señalamientos que apuntan a un patrón de conducta que, en el mejor de los casos, bordea el abuso; y en el peor, revela una comprensión pervertidamente distorsionada de lo que significa ejercer el servicio público municipal.
El tema de los vehículos oficiales es, quizás, el ejemplo más claro y grave, una camioneta y un Ford Fiesta, que se suman al Nissan Versa, que las hijas de la funcionaria encargada de resguardar el patrimonio del municipio, lo usan como si fueran su patrimonio personal, al ir y venir a Morelia, por ejemplo, en dichas unidades, al margen de la normatividad legal vigente.
Y no se trata solamente de que dos unidades recién entregadas al Ayuntamiento terminaran bajo control de la síndica, sin haber cumplido el protocolo más elemental de registro. No. El problema real es lo que ese acto revela: una disposición a omitir procedimientos como si fueran obstáculos burocráticos, no reglas diseñadas para proteger el patrimonio municipal.
Y si, como se ha señalado internamente, familiares suyos llegaron a utilizar esos vehículos para su uso personal, entonces lo que estamos viendo no es un descuido cualquiera ni simple omisión. Es la confusión total entre lo público y lo privado, lo cual está penado por la ley. Se llama peculado.
Eso tiene un nombre: el secuestro de los recursos municipales, que legalmente pertenecen al pueblo.
Pero sería ingenuo pensar que todo se reduce a un par de automóviles. Porque cuando una funcionaria comienza a tratar los bienes institucionales como extensiones de su propio patrimonio, casi siempre ocurre algo más grave: la estructura que lidera empieza a fracturarse, tanto como a corromperse. Y Uruapan ya está viendo esas grietas.
Uno de los síntomas más visibles es la Dirección de Conciliación, que permanece acéfala desde 2024. ¿Qué clase de administración presume trabajar “por la gente” mientras deja vacante una dependencia encargada de resolver, prercisamente, los conflictos cotidianos de la ciudadanía? Hay una respuesta incómoda pero inevitable: una administración donde la ciudadanía es discurso, no prioridad.
A esto se suma el componente político. Los señalamientos de que Flor Maldonado buscó colocarse en la línea de sucesión temporal tras la muerte de Carlos Manzo, no sorprenden a nadie dentro del Ayuntamiento.
Y es que, cuando una figura pública combina ambición, desorden administrativo y conflictos internos con medio gabinete, con un estilo de operación centrado en la ambición personal, lo que aparece no es un accidente político, sino una forma deshonesta de gobernar.
La síndica, que debería ser un contrapeso institucional, terminó convirtiéndose -según múltiples voces internas- en un factor de tensión, de bloqueo y de presión innecesarios.
Y mientras todo esto ocurre, lo más revelador no es su conducta: es su silencio.
No hay desmentidos.
No hay explicaciones públicas.
No hay documentación transparente.
Solo hay un silencio que grita complicidad.
Y en política, el silencio no es neutral: es una postura, normalmente de complicidad.
Por ello, lo más grave, no es únicamente lo que la síndica hizo, sino lo que no se está haciendo con dicho caso de evidente corrupción.
Así, lo verdaderamente alarmante es lo que el Ayuntamiento no está haciendo, pues cada día que pasa sin una auditoría, sin una revisión pública, sin una postura institucional clara, se envía un mensaje tan claro y contundente como peligroso: Aquí las reglas importan un carajo, lo que vale es la complicidad.
En ese punto, el problema deja de ser una funcionaria cuestionada y se convierte en algo más corrosivo: un gobierno que tolera la opacidad, que evita explicaciones y que confunde estabilidad con silencio. ¿cuál es el compromiso?
Si la administración de Uruapan quiere honrar la memoria del expresidente Carlos Manzo, no necesita discursos nostálgicos ni homenajes llenos de retórica. Necesita algo más difícil, pero indispensable: dedslindar responsabilidades y actuar contra todo aquello que hoy huele a abuso, corrupción, desorden y a vieja política.
Porque si no lo hace, que nadie se engañe.
La crisis no será la muerte del expresidente.
La crisis será la muerte de la honestidad.
Y ello implica resquebrajar la credibilidad.
Tanto la credibilidad personal como la institucional.
Y una vez la credibilidad rota, aderezada con deshonestidad,
el proyecto social y político de Carlos Manzo quedará enterrado junto con él.
Al tiempo… !!
