El Bloque Político de Uruapan fijó postura en relación a los hechos recientes vinculados al caso del profesor Ignacio Campos, reiterando su compromiso con el respeto y la defensa del Estado de Derecho.
Toda actuación de la autoridad debe realizarse con apego estricto a la legalidad y al debido proceso. La ley debe aplicarse sin distinciones, pero también sin juicios anticipados ni señalamientos sin sustento. En contextos como el actual, cualquier ciudadano puede encontrarse en condiciones de indefensión si no se garantizan plenamente los principios de presunción de inocencia, imparcialidad y transparencia, particularmente cuando existen percepciones de que los hechos pudieran estar influenciados por intereses políticos de quienes detentan el poder.
Es indispensable que las instituciones actúen con responsabilidad, objetividad y claridad, evitando interpretaciones que debiliten la confianza ciudadana.
El deber de las autoridades es actuar con legalidad, sin sesgos y con pleno respeto a los derechos.
No se trata de defender personas, sino de defender principios. Cuando exista responsabilidad, que se actúe con la ley en la mano; cuando no, que se garantice justicia y respeto. La claridad institucional es fundamental para la confianza del pueblo.
