Por Alex Esquivel M.
El asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, marcó un antes y un después en la historia política reciente de Michoacán. Se trató de un crimen que conmocionó al estado y que exige una investigación exhaustiva hasta identificar y sancionar tanto a los autores materiales como, en su caso, a quienes hubiesen ordenado el atentado.
Sin embargo, una investigación penal no puede construirse sobre percepciones, especulaciones o discursos políticos. Debe sostenerse en pruebas. Y ese es precisamente el punto donde comienzan las contradicciones de la presidenta municipal sustituta, Grecia Quiroz García.
Desde que asumió el gobierno de Uruapan, la viuda de Carlos Manzo ha elevado progresivamente el tono de sus declaraciones públicas. Primero habló de la participación del crimen organizado. Después sostuvo que el Cártel Jalisco Nueva Generación solamente ejecutó el atentado. Más tarde afirmó que detrás del homicidio existían autores intelectuales vinculados con actores políticos de Morena, señalando directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a los senadores Leonel Godoy Rangel y Raúl Morón Orozco, entre otros.
Se trata de acusaciones de enorme gravedad. Precisamente por ello, también requieren un nivel de prueba igualmente extraordinario.
Hasta ahora, las autoridades federales no han presentado públicamente elementos que sustenten esas imputaciones. Por el contrario, el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha informado que las investigaciones se han concentrado en la estructura criminal que habría participado en la ejecución material del asesinato, sin hacer públicas líneas sólidas que involucren a los personajes políticos señalados por la alcaldesa.
Ello no significa que dichas hipótesis deban descartarse. Significa, simplemente, que en un Estado de derecho la verdad judicial no puede sustituirse por la verdad mediática.
Mientras tanto, otro elemento añade complejidad al caso.
Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano del alcalde asesinado y exsecretario de Gobierno de Michoacán, sostiene que Grecia Quiroz conserva teléfonos celulares que contendrían información relevante para el esclarecimiento del crimen. Si esa afirmación es correcta, dichos dispositivos deberían constituir una prioridad absoluta para las autoridades ministeriales, pues cualquier evidencia útil pertenece a la investigación y no al debate político.
Las contradicciones no terminan ahí.
Resulta inevitable recordar que la hoy alcaldesa sustituta proviene políticamente de Morena. Su trayectoria incluye cargos vinculados con ese partido y una candidatura a diputada local bajo sus siglas. Incluso una fotografía tomada en 2021 la muestra junto a Leonel Godoy Rangel durante la campaña federal de Carlos Manzo.
Aquella imagen retrata una etapa de cercanía política.
Hoy, la misma persona a quien acompañaba en actos partidistas aparece señalada por ella como presunto autor intelectual del asesinato de su esposo. Naturalmente surge una pregunta: ¿qué ocurrió entre ambos momentos? La respuesta no puede construirse con fotografías ni con interpretaciones. Debe surgir de la investigación ministerial.
Pero existe otro aspecto que merece una reflexión aún más profunda.
Uruapan enfrenta problemas cotidianos que no admiten espera: inseguridad, deterioro urbano, prestación de servicios públicos, desarrollo económico y recuperación de la confianza ciudadana. Gobernar un municipio de esa magnitud exige presencia permanente, capacidad administrativa y resultados medibles.
En cambio, buena parte de la agenda pública del gobierno municipal ha estado concentrada en la confrontación política derivada del asesinato de Carlos Manzo. Y es comprensible que una viuda reclame justicia.
Lo que resulta más difícil de justificar es que la presidenta municipal convierta esa legítima exigencia en el eje casi exclusivo de su actuación pública.
Una cosa corresponde a la Fiscalía. Otra muy distinta corresponde al Ayuntamiento. Confundir ambas responsabilidades termina afectando a las dos.
La justicia necesita pruebas. El gobierno necesita resultados. Y la ciudadanía merece ambas cosas.
Porque mientras la política continúa intercambiando acusaciones, los habitantes de Uruapan siguen esperando lo esencial: un gobierno que gobierne y una investigación que esclarezca plenamente uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia reciente de Michoacán. Al tiempo… !!
