Conrado Paz Torres sostiene que la fiscalización confirma posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos
Uruapan, Mich.– La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) confirmó una de las observaciones más delicadas detectadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento de Uruapan, al concluir que la administración municipal no logró justificar pagos realizados por encima del tabulador salarial autorizado a diversos servidores públicos. Lejos de solventar las inconsistencias señaladas durante el proceso de fiscalización, el gobierno municipal presentó argumentos y documentación que la propia Auditoría consideró insuficientes para acreditar la legalidad de las percepciones adicionales otorgadas en distintas áreas estratégicas de la administración.
De acuerdo con el Informe General Ejecutivo del ejercicio presupuestal 2024, las irregularidades fueron detectadas en la Secretaría de Obras Públicas y Movilidad, la Sindicatura Municipal y la Tesorería, donde se identificaron remuneraciones superiores a las autorizadas.
En el caso de la Secretaría de Obras Públicas y Movilidad, la diferencia observada ascendió a 23 mil 352 pesos; en la Sindicatura Municipal fue de 2 mil 184 pesos, mientras que en la Tesorería se detectó un excedente de 11 mil 270 pesos. Como parte de su defensa, la administración municipal argumentó que dichos recursos correspondían a cargas extraordinarias de trabajo y al cumplimiento de encomiendas adicionales por parte de los servidores públicos involucrados. No obstante, la ASM determinó que esas afirmaciones no fueron respaldadas con evidencia documental suficiente. En particular, señaló la ausencia de comprobantes fiscales digitales, recibos de nómina y demás documentación que acreditara el pago de compensaciones, horas extraordinarias o cualquier otra prestación extraordinaria que justificara los montos observados.
A ello se suma que tampoco quedó acreditado que las modificaciones al tabulador salarial hubieran sido sometidas a la aprobación del Cabildo ni notificadas al órgano técnico competente, como lo exige el marco jurídico aplicable para cualquier ajuste en las remuneraciones de los servidores públicos.
Ante estas omisiones, la Auditoría ratificó la Observación Preliminar número 10 y ordenó la integración de un Informe de Presuntas Irregularidades, documento que será turnado a la autoridad investigadora para determinar si existen responsabilidades administrativas o legales derivadas del manejo de recursos públicos.
La revisión se sustenta en disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, así como en la Ley Orgánica Municipal.
Tras hacerse públicos los resultados de la fiscalización, el diputado local por el Distrito Norte de Uruapan, Conrado Paz Torres, afirmó que la resolución confirma que las observaciones formuladas por la Auditoría no fueron desvirtuadas por el Ayuntamiento.
A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que «la Auditoría está haciendo su trabajo» y aseguró que este procedimiento demuestra que la revisión de la Cuenta Pública responde a un ejercicio de legalidad y no a una persecución política. Paz Torres señaló que corresponde ahora a la autoridad investigadora establecer si las irregularidades detectadas constituyen actos de corrupción o faltas administrativas, pero subrayó que la ratificación de la observación evidencia que las explicaciones presentadas por el gobierno municipal no fueron suficientes para acreditar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
El procedimiento continuará en la etapa de investigación, donde las autoridades competentes determinarán si existen elementos para imponer sanciones administrativas o promover las acciones legales que correspondan.
