Por Alex Esquivel M.
Que nos quede claro. La discusión sobre el actuar de Grecia Quiroz no es política; es ética y legal. No está en debate quién respalda a Grecia Quiroz ni las circunstancias que la llevaron a ocupar la Presidencia Municipal de Uruapan. Lo que hoy está en juego es el marco jurídico y la confianza pública, al margen de sus capacidades o incapacidades para gobernar. Y es que la confianza pública tiene dos enemigos irreconciliables con el ejercicio del poder: la opacidad y la mentira.
La primera aparece cuando una funcionaria evita explicar con claridad los cargos que ocupó, los recursos públicos que recibió o la información que debería estar sujeta al escrutinio ciudadano. La segunda surge cuando las versiones ofrecidas sobre hechos verificables simplemente no coinciden entre sí.
Ese es precisamente el problema que hoy enfrenta el gobierno municipal de Uruapan, ello sin menospreciar la evidente incapacidad administrativa y de gobierno de la alcaldesa no electa. Basta con señalar que la alcaldesa, con un grupo de empleados municipales, fueron declarados personas no gratas en el Congreso del estado, tras los desmanes y destrozos que ahí causaron, justo cuando debieron estar cubriendo un horario laboral en Uruapan.
En ese contexto, los cuestionamientos sobre el paso de Grecia Itzel Quiroz García por el Congreso del Estado no son menores. Si una persona aparece en la nómina pública como asesora legislativa, cobrando recursos provenientes de los impuestos de los michoacanos, los ciudadanos tienen derecho a saber qué funciones desempeñó, a quién asesoró y cuáles fueron los resultados de su trabajo. Cuando nadie puede explicar con claridad esas respuestas, la sospecha no nace de la oposición política; nace de la falta de transparencia. ¿Acaso el diputado paletas la cobijó desde su curul?
A ello se suma una contradicción que tampoco puede ignorarse. Mientras públicamente se ha proyectado una imagen ligada a los estudios de Ciencia Política, los documentos oficiales refieren una formación distinta. Más aún, la consulta pública al Registro Nacional de Profesionistas no arroja evidencia de una cédula profesional registrada a su nombre. El problema no es la ausencia de un título; el problema es la falta de claridad, de certeza y las mentiras. La confianza pública descansa en la veracidad de la información que presentan quienes aspiran a gobernar.
Tampoco ayuda que aspectos relacionados con ingresos, patrimonio e intereses permanezcan fuera del alcance del escrutinio ciudadano. La transparencia no es una concesión personal ni una estrategia de comunicación. Es una obligación inherente al servicio público.
Pero el problema de fondo va más allá de una sola persona. Es una cultura política que sigue premiando la cercanía con los grupos de poder por encima de la rendición de cuentas. Mientras existan estructuras dispuestas a cerrar filas frente a cualquier cuestionamiento legítimo, la transparencia seguirá siendo un discurso de campaña y no una práctica de gobierno.
El Movimiento del Sombrero llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y la opacidad que durante años indignaron a los uruapenses. Pero si las prácticas que antes se denunciaban hoy son justificadas porque involucran a personajes cercanos, entonces la transformación prometida corre el riesgo de convertirse en una simple sustitución de beneficiarios del poder. Hay que recordar que no se puede construir un futuro promisorio mirando al pasado. Ya basta de hacerse la víctima.
A todo ello se suma uno de los episodios más controvertidos relacionados con el asesinato de Carlos Manzo: la sustracción de un teléfono celular de la escena del crimen. No se trata de una anécdota política. Se trata de un hecho que, por su naturaleza, exige explicaciones claras y transparencia absoluta ante la sociedad, en estricto apego a derecho. ¿Exigir justicia con clara obstrucción a la misma?
Al margen de filias y fobias, Uruapan merece respuestas, no silencios. Merece documentos, no versiones contradictorias. Merece servidores públicos dispuestos a explicar cada cargo ocupado, cada recurso recibido y cada decisión que hoy genera dudas razonables.
Porque cuando la honestidad y la transparencia desaparecen, la sospecha ocupa su lugar. Y cuando quienes gobiernan no aclaran los cuestionamientos legítimos de la ciudadanía, terminan debilitando la credibilidad de las instituciones que representan y que dijeron defender para beneficio del pueblo.
La obligación de demostrar integridad no corresponde a los ciudadanos. Corresponde a quienes ejercen el poder. A pesar de la clara ausencia del gobierno municipal en la vida de los uruapenses.
Baste señalar lo siguiente: Puentes, Gobierno del Estado, Calles pavimentadas, Gobierno del Estado. Teleférico, Gobierno del Estado. Transporte urbano, Gobierno del Estado. Edificio DIF municipal, Gobierno del Estado. Sanear finanzas públicas municipales, Gobierno del Estado. Así, un gobierno municipal para poco o nada le sirve a la ciudadanía. ¿Qué sí hizo la administración local? Incrementar el Impuesto Predial, de forma brutal e ilegal, a inicio de año y sin previo aviso.
Vamos, la transparencia no consiste en pedir que la ciudadanía crea esto, lo otro o aquello. Consiste en demostrar por qué se debe creer en tal o cual. Y el segundo informe de gobierno del municipio de Uruapan, dará muchas respuestas a todo esto. Esperemos que eso incluya el tema de la basura y la inseguridad pública, entre algunos otros que son obligación del gobierno municipal no electo. Al tiempo… ¡!
